Por Fernando Bernaldo de Quirós
El Gobierno de España, muchos tertulianos y numerosos ciudadanos españoles estamos convencidos de que en España, en los últimos años, no se ha producido ningún atentado yihadista, desde el 11 M hasta los recientes de Barcelona y de Cambrils, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Servicios de Inteligencia al mando del Gobierno de España, han actuado con eficacia. Según parece, han detenido a más de doscientos islamistas radicalizados. Aunque no habían cometido ningún delito. Pero podían estar preparados para cometerlo. Todos nos felicitamos por ello, a pesar de los últimos atentados.
En cambio, los secesionistas catalanes nos anuncian que van a hacer un referéndum ilegal, que si no se les permite realizarlo procederán a declarar ilegalmente la independencia de forma unilateral. Para ello, ya han dispuesto los procedimientos necesarios en el Parlamento de Cataluña para que se pueda proclamar en un día. En este caso, el Gobierno ha decidido no actuar hasta que no se produzcan delitos consumados como el referéndum del 9 N.
Hay una manifiesta incoherencia entre ambas actuaciones del Gobierno. Este podría aducir que, en el caso de los yihadistas, se actúa preventivamente para evitar posibles atentados con probables consecuencias de muertos y heridos. Pero esta es una pobre argumentación. Recordemos lo que pasó el 6 de octubre de 1934. El Presidente Companys proclamó el Estado catalán, dentro de la República Federal Española. No proclamó la independencia sino un Estado catalán, dentro de España. Después de esta proclamación, llamó al Capitán General de Cataluña, pidiéndole que se pusiera a sus órdenes. El Capitán General era el catalán Domingo Batet. Companys pensó que, por su condición de catalán, el General no se opondría a su petición. Se equivocó. El Capitán General se puso en contacto con Enrique Pérez Farrás, jefe de los Mozos de Escuadra, para que se presentara en la Capitanía y se pusiera a sus órdenes. Éste le respondió que sólo obedecía al Presidente de la Generalidad. A continuación, el General Batet contactó con el Presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, y, siguiendo sus órdenes, proclamó el estado de guerra aplicando la Ley de Orden Público de 1933. Hubo desórdenes públicos en los que fallecieron 46 personas. De ellas, 8 militares. El orden se restableció en menos de un día. A las seis de la mañana del día 7 de octubre, Companys comunicó a Batet su rendición. La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente.
Los acontecimientos, a partir del 1 de octubre de 2017, pueden ser similares: Los separatistas tratarán de hacer el referéndum secesionista y si no lo consiguen, intentarán declarar la independencia unilateral y procurarán que los Mozos de Escuadra se pongan a las órdenes del Gobierno secesionista para tratar de defender con las armas sus decisiones. Es posible que el Gobierno de España, aunque tarde, actúe y que logre evitar el Referéndum y la declaración de independencia. Pero es casi seguro que habrá desórdenes públicos con probable resultado de muertos, heridos y daños materiales. Los separatistas ya están caldeando el ambiente. Lo harán más en la Diada de septiembre y la CUP ya ha afirmado que la independencia no se logrará por medios pacíficos. ¿Tiene actualmente el Gobierno un General Batet? O, por el contrario, ¿hay muchos Pérez Farrás dentro de los mandos de los Mozos de Escuadra? Recientemente la Generalidad ha sustituido al Consejero de Interior y al Jefe máximo de los Mozos con esa finalidad. ¿Está en condiciones el Gobierno de España de asegurar que se mantendrá el orden y se restablecerá la normalidad constitucional sin daños a las personas?
Por favor, Presidente Rajoy, sea coherente. Actúe, contra los secesionistas como contra los yihadistas. Los catalanes no separatistas y el resto de españoles, muy mayoritariamente, se lo agradeceremos.
Evidentemente, hay otra forma de ser coherente: no deteniendo yihadistas, por muy radicalizados que estén. Incluso aunque anuncien que piensan matar el día 1 de octubre a todos los católicos que puedan en la Misa de 12 de la Catedral de Madrid y aseguren que han comprado las navajas necesarias. Usted en este caso, si siguiera el procedimiento que está aplicando a los secesionistas catalanes, se limitaría a comprobar el tamaño de las navajas y si alguna de ellas superase el reglamentariamente admisible detendría- eso sí, con todo el peso de la Ley- a su propietario. Pero nada más. Señor Presidente, esta forma alternativa de coherencia me temo que no nos gusta a los españoles. ¡Raros que somos!
